Corruptódromo

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Shé
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Re: Corruptódromo

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Cómo debe envidiar el PP de Madrid al PP y a UPN!

Allí no hay "abertzales" a los que echar la culpa de, pongamos por caso, la conspiración de la trama Gürtel. :lol:

Barcina, sin salida
EL ALTO TRIBUNAL DEBE DECIDIR AHORA SI IMPUTA A LA PRESIDENTA, COMO PIDE LA MAGISTRADA
BENITO REITERA ARGUMENTOS EXPUESTOS EN AUTOS PREVIOS Y TRASLADA LA CAUSA A MADRID

El nuevo instructor tiene que decidir si los miembros de la Permanente cobraron dietas solo por motivo de su cargo
IBAI FERNANDEZ - Viernes, 21 de Junio de 2013 - Actualizado a las 03:07h
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La presidenta Yolanda Barcina. (JAVIER BERGASA)
PAMPLONA. La instrucción judicial de las dietas de Caja Navarra camina ya dirección a la Plaza Villa de París de Madrid. Allí le aguarda el Tribunal Supremo, máximo órgano judicial y el único con potestad de imputar y, en su caso, juzgar a la presidenta del Gobierno de Navarra, cuyo aforamiento la convierte en la única presidenta autonómica que debe rendir cuentas ante el Alto Tribunal. La Mari Paz Benito confirmó ayer lo que todas las partes implicadas en el proceso tenían ya asumido, que deberá ser otro juez quien continúe la instrucción una vez considerado que la toma de declaración como imputada de Yolanda Barcina es "indispensable". Un paso previo a una acusación formal, pero necesario para garantizar su derecho de defensa.

El Supremo debe decidir ahora si admite la causa, y en ese caso, asignar un juez instructor que decida si hay causa suficiente como proseguir la investigación o da por cerrado el proceso judicial. Para ello tendrá que analizar la exposición razonada que ayer emitió la magistrada navarra, que en base a los argumentos expuestos en autos anteriores reitera su sospecha de que en el cobro de dietas por los cuatro miembros de la Permanente de Caja Navarra -Miguel Sanz, Álvaro Miranda, Enrique Maya y la propia Barcina- hay un delito de cohecho impropio.

La juez acompaña la exposición con más de 60 archivos que superan los 2.000 folios, en los que relata y documenta todas sus consideraciones con la suficiente meticulosidad y detalle como para impedir un archivo rápido de una causa que trasciende ya al propio ámbito geográfico de una comunidad que tradicionalmente ha sido cuestión de Estado, y que cuestiona las dádivas y regalos que los responsables públicos puedan recibir de distintas sociedades solo por su cargo.

BARCINA SE DEFIENDE Superado el shock inicial que supuso el auto del pasado 4 de junio, la presidenta se mostró ayer bastante más tranquila, convencida de que al final "la verdad saldrá adelante". Barcina, que hace tres años presumía de que en su partido nunca habría imputados, se esforzó en restar valor a la instrucción, argumentando que "la Justicia ni ha empezado a actuar". Todo, expuso el martes, no es más que una campaña de la izquierda abertzale, que quiere "cobrarse esa pieza política que tanto les incomoda en sus planes de terminar con la identidad propia de Navarra".

Una lectura que sin embargo parece insuficiente si finalmente es llamada a declarar en el Supremo, para lo que necesitará nombrar un abogado -"estoy en ello", dijo ayer- que argumente mejor su papel en la Permanente de Caja Navarra, órgano al que perteneció desde su constitución en agosto de 2010 y que presidió en sus últimas cuatro reuniones, dos de ellas sin contenido alguno.

Cuestiones que ayer volvió a recordar la magistrada en la exposición razonada con destino al Supremo. "Debemos concluir que esas sesiones se celebraron con carencia absoluta de soporte normativo que las justificara, sus integrantes fueron elegidos de manera arbitraria por quien convocaba esas sesiones -Miguel Sanz primero, y Yolanda Barcina después-, y no se dio publicidad alguna ni se informó a nadie de su existencia ni de sus integrantes", subraya la juez, que rechaza incluso que el reglamento aprobado en junio de 2011 diera soporte normativo a la Permanente, ya que los estatutos "consensuados por el Gobierno de Navarra y el Gobierno estatal" no hacen "ninguna mención ni expresa ni tácita" al polémico órgano. "Las dietas estaban al margen de cualquier publicidad, control o fiscalización", reiteró ayer.

LA CLAVE DEL CASO Argumentos en cualquier caso conocidos, y a que ahora tendrá que entrar a valorar el Supremo. Lo deberá hacer además sobre aspectos exclusivamente jurídicos, toda vez que los hechos descritos por la juez son asumidos y admitidos por todas las partes. Nadie discute las actas, las reuniones ni las dietas, por lo que el núcleo de la discusión jurídica se centra ahora en si lo ocurrido en Caja Navarra entra dentro del delito tipificado como cohecho impropio.

Algo que tiene claro la juez, pero que abiertamente discuten las defensas. Es por ello que el juez instructor será quien decida si Sanz, Maya, Miranda y Barcina cobraban de la Caja por su cargo público, como sostiene la magistrada, o como miembros de la entidad exclusivamente, como afirman Fiscalía y defensas. Y deberá valorar si las dietas (2.680 euros por sesión y 40.000 euros anuales) entran dentro de la categoría de "dádiva" o es una retribución justificada. Cuestiones que van más allá del caso y que podrían sentar jurisprudencia en un momento en el que se empieza a revisar todo el entramado político-institucional.
Diario de Noticias, 21 de junio 2013
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jasimotosan
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Re: Corruptódromo

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Shé, yo llevo como unos cinco años si televisión, internet y la red profunda (deep web) me brindan cuanto quiero. A veces en un bar o con mi madre veo algo de televisión y es basura.

Hoy ha sido una excepción, he visto como el sinvergüenza de Rubalcaga ponía verde y con razón al sinvergüenza de Rajoy... Mañana se darán besitos y se "sacrificarán" por la "democracia", pero hoy, y sin que sirva de precedente, Rubalcaga le ha cantado las verdades a Rajoy... Lo de los ERE es otra cuestión... ¿O será la misma?

Saludos.
Aquel que quiera ser cristiano debe arrancarle los ojos a su razón. La fe debe sofocar toda razón, sentido común y entendimiento. Lutero

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Shé
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Re: Corruptódromo

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Menos mal que, como dijo "Ansar", el PP es incompatible con la corrupción, porque si llega a tener alguna afinidad... :lol:
López Viejo cobró una mordida del 10% por cada acto que montó Gürtel
El exconsejero madrileño sumó 282.000 euros en comisiones de, a veces, solo 10 euros

JORGE A. RODRÍGUEZ Madrid 6 AGO 2013 - 22:24 CET
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Alberto López Viejo pasaba frente a Aguirre en 2009 en la Asamblea de Madrid.
Al fondo, Benjamín Martín, también imputado. / LUIS SEVILLANO


Las empresas de Francisco Correa, cerebro de la trama Gürtel, sabían que cada vez que organizaban un acto para la Comunidad de Madrid tenían que pagar una mordida a Alberto López Viejo, uno de los consejeros estrella de Esperanza Aguirre y desde 2009 imputado en el caso de corrupción. Costase lo que costase el evento, la factura del acto se incrementaba sistemáticamente en un 10%, que era el peaje que cobraba López Viejo. Un informe de la oficina antifraude de la Agencia Tributaria, entregado la semana pasada al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, revela que entre 2004 y 2007 las empresas de Correa devengaron al entonces viceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid (luego consejero de Deportes, siempre con Aguirre) más de 282.000 euros por 257 mordidas de monto variable: desde solo 10 euros hasta 28.000 euros.
Comisiones hasta por el 11-M

Alberto López Viejo supuestamente cobró durante los años 2004 a 2007 un 10% por los 257 actos que la empresa Easy Concept montó para la Comunidad de Madrid.

En 2004, la firma organizó 47 actos, que supusieron 25.541 euros para el político madrileño, que fueron desde los 41,02 euros por la placa del Polideportivo de Getafe o los 394,27 euros del belén navideño. Pero por lo que más le devengaron fue por el Premio Internacional de las Artes (4.903,55 euros)

Además de por los actos del primer aniversario del 11-M (2.848,27 euros), en 2005 López Viejo cobró por 57 actos 91,151 euros. La puesta de primeras piedras fue rentable: puso tres y con ellas le llegaron unos 7.000 euros. El año completo le reportó 91.151 euros.

El 2006 fue esplendoroso: 126 actos y 89.220 euros. Por un acto de apoyo a las víctimas del terrorismo recibió 506 euros; por el día de la Constitución, 4.370; y por celebrar el tercer año del Gobierno madrileño, pues 5.712,62 euros.

La facturación de Easy decae algo en 2007, con solo 27 actos, pero López Viejo se llevó 76.389 euros. Tuvo suerte: ese año hubo dos actos jugosos: se llevó 7.775 euros por otro aniversario del 11-M y 27.999 euros por los actos de la toma de posesión del nuevo Gobierno madrileño.

El rastro de la mordida ha sido localizado en una carpeta “íntegramente dedicada a López Viejo” que fue localizada en la sede central de las empresas de Correa —en la exclusiva calle de Serrano de Madrid—. En ella se ofrece “información sobre las comisiones devengadas y pagadas a este señor”, dice textualmente el informe.
Pero el detalle de los actos y del monto de cada mordida figura en un documento denominado “partidas varios CAM” que aportó Isabel Jordán, entonces accionista de Easy Concept, una de las firmas vinculadas a Gürtel. Jordán se llegó a quejar por correo electrónico a Pablo Crespo, otro de los imputados por la trama, de que en el reparto de beneficios del año 2004 su parte se había calculado “deduciendo indebidamente” las comisiones de López Viejo.

El archivo informático de Jordán, subraya el informe, recoge “el cálculo de las comisiones que se van devengando” a favor de López Viejo “por cada acto organizado por empresas del grupo FCS [iniciales de Francisco Correa Sánchez] o terceras [empresas] predeterminadas”. De su análisis, la Agencia Tributaria concluye: “Esta comisión se fijaba mediante la aplicación de un porcentaje del 10% al importe de la facturación del acto”.

López Viejo, según el informe, cobraba por todo, independientemente del importe, de lo que fuera el acto. O al menos la red le apartaba el dinero. Así llegó a cobrar por la organización de los actos de 2005 con motivo del primer aniversario de los atentados del 11-M (2.848,27 euros) o por los del décimo aniversario del asesinato del popular Gregorio Ordóñez (127,10 euros) de ese mismo año. Y no había cantidad pequeña (le devengaron 10,51 euros por la “impresión de catálogo de mesa para mudo” en 2005) ni grande (27.995,16 euros supuso el 10% del coste de la toma de posesión del Gobierno de Esperanza Aguirre en el verano de 2007).

El listado de los 257 actos demuestra que el 2006 fue un año esplendoroso para la trama Gürtel en Madrid, donde llegó a montar 126 actos, que le reportaron casi 90.000 euros a López Viejo. Pero ojo. El informe advierte que el viceconsejero cobraba en comisiones de la trama mucho más que esa mordida. En 2004 la trama le pagó 106.000 euros, pero el listado de Isabel Jordán recoge solo 25.541 euros. Por lo tanto, los investigadores apuntan a que López Viejo también se llevó lo suyo de Special Events y Rialgreen, que ese año “facturaron al PP y a entidades dependientes de la Comunidad de Madrid más de 6,9 millones de euros”.
El País, 6 de agosto 2013
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Shé
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Re: Corruptódromo

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Poca cosa para un capo de rancia estirpe, con un historial delictivo digno de un best seller.

Pero menos da una piedra. La Justicia se ha mostrado implacable aunque la mayoría de sus desmanes o han prescrito o no eran delito, o no han podido ser probados.

Ahora las preguntas son: Irá a la cárcel? Prosperarán sus recursos? Será indultado por sus compinches del PP en el gobierno?
Cuatro años de cárcel para Carlos Fabra por delitos contra la Hacienda Pública
El expresidente de la Diputación de Castellón tendrá que pagar una multa de 693.00 euros e indemnizar a Hacienda con la misma cantidad. Anuncia que recurrirá y se dice "satisfecho" por haber sido absuelto por cohecho

PÚBLICO/EUROPA PRESS Valencia 25/11/2013 13:00 Actualizado: 25/11/2013 17:14
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Carlos Fabra, en una foto de archivo.- EFE
La Audiencia de Castellón ha condenado a cuatro años de cárcel al expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra por cuatro delitos contra la Hacienda Pública, en el marco del caso Naranjax. El exbarón del Partido Popular tendrá que hacer frente al pago de una multa de 693.000 euros y al pago de la misma cantidad a Hacienda, tras un auténtico maratón judicial cuya instrucción se ha prolongado a lo largo de una década y de multitud de cambios en el juzgado de Nules encargado de la causa, por la que pasaron hasta nueve jueces.

La Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a la exmujer del expresidente de la Diputación, Amparo Fernández, a dos años de cárcel por otros dos delitos contra la Hacienda Pública. Ella también tendrá que pagar una cuantiosa multa, de 274.000 euros e indemnizar a Hacienda con la misma cantidad.

Fabra, el empresario Vicente Vilar y la exmujer de éste, Montserrat Vives, han sido absueltos, sin embargo, de los delitos de cohecho y tráfico de influencias. La sección primera de la Audiencia de Castellón ha absuelto asimismo al exsenador del Partido Popular Miguel Prim del delito de tráfico de influencias.

Fabra, que se enfrentaba a peticiones de las acusaciones de 13 años de prisión, anunció poco después del veredicto que recurrirá la sentencia y dijo que se sentía "muy satisfecho" por no haber sido condenado por cohecho y tráfico de influencias. El expresidente provincial del PP de Castellón ha argumentado que, "desde el punto de vista moral", esta sentencia es "muy importante", ya que del tema de "corrupción" del que se le acusaba ha sido finalmente absuelto.

La Audiencia absuelve a Fabra de tráfico de influencias por entender que no está probado que influyese en las distintas autoridades con las que se reunió para hablar de las autorizaciones para el producto fitosanitario, Naranjax, de su amigo Vicente Vilar. En concreto, se vió con los entonces ministros de Agricultura y Sanidad, Jesús Posada y Celia Villalobos, y con Alfredo Timmermans, que era el director del gabinete del presidente del Gobierno José María Aznar.

En cuanto al cohecho (soborno), la Audiencia señala que existen sospechas de que efectivamente se produjo, ya que el dinero percibido por Fabra era excesivo para encajar únicamente en el concepto de honorarios profesionales, pero entiende que esa sospecha no alcanza la certeza que requiere un pronunciamiento penal condenatorio.

Para establecer la pena de 1 año de cárcel por cada uno de los cuatro delitos contra la Hacienda Pública por los que condena a Fabra, la Audiencia aplica la atenuante de dilaciones indebidas, teniendo en cuenta la larga instrucción de la causa. La pena por el delito fiscal oscila entre 1 y 5 años de cárcel, por lo que la Audiencia la aplica en su cuantía mínima.

10 años de proceso
El origen de este proceso se sitúa en diciembre de 2003, cuando Vilar, propietario de la firma Naranjax y hasta entonces amigo de Fabra, presentó dos querellas en los juzgados de Nules en las que acusaba al expresidente de la Diputación de cobrarle dinero a cambio de favorecer a su empresa en la comercialización de productos fitosanitarios. A esta denuncia, en 2005, se sumó otra de la Agencia Tributaria por presunto fraude fiscal, que el juzgado admitió a trámite y anexionó al proceso ya abierto.


El origen del caso Naranjax se remonta a 2003 y de él se han encargado nueve jueces hasta la fecha
Durante todo este tiempo, la Audiencia Provincial de Castellón ha dictado algunas resoluciones que posteriormente han sido revocadas por el Tribunal Supremo. La primera de mayor calado fue en diciembre de 2010, cuando la sección segunda sobreseyó la causa por supuestos delitos fiscales cometidos entre los años 2000 a 2003 ─ cuatro de los cinco por los que estaba siendo investigado─ al considerar que no se había producido un acto de interposición judicial que interrumpiera el plazo de prescripción de estas conductas.

El Supremo revocó esta decisión al considerar que no podían declararse prescritos los delitos fiscales que se le imputaban inicialmente al expresidente del PP de Castellón, acogiendo así los recursos que habían presentado Fiscalía, la Abogacía del Estado y la Unión de Consumidores.

La segunda de mayor relevancia fue cuando la sección primera declaró en mayo de 2012 la nulidad parcial del auto de apertura del juicio oral, tras haber resuelto previamente la sección segunda que los hechos imputados al expresidente de la Diputación no eran constitutivos de cohecho. Este hecho suponía que el caso pasaba a ser enjuiciado por un juzgado de lo Penal en lugar de la Audiencia, con una importante reducción en los años de condena aparejados a los delitos atribuidos.

Recurso al CGPJ
Esta decisión de la Audiencia provocó que el juez Jacobo Pin, que ha concluido la instrucción, solicitase amparo ante el Consejo General del Poder Judicial, al creer que la sección primera había "perturbado" su independencia al "tratar de imponer indirectamente el sobreseimiento del delito de cohecho" imputado a Carlos Fabra.

El órgano de gobierno de los jueces archivó la petición después de que el TS diera la razón al juez, ya que acordó remitirle las actuaciones en relación con este caso para que "con absoluta libertad de criterio" dictase un nuevo auto de apertura de juicio oral, en el que se incluyó de nuevo la atribución de delito de cohecho.

Durante este proceso judicial, el presidente de la Audiencia Provincial de Castellón, Carlos Domínguez, decidió abstenerse de juzgar al exdirigente del PP, tras alegar que tenía un "trato cordial y afable" con el expresidente 'popular'.
Público, 25 de noviembre 2013
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Andarin
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Re: Corruptódromo

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Me parece que procede en este hilo titulado "corruptódromo" hacer referencia a la reciente renovación del CGPJ y el reparto de puestos "a dedo" entre jueces afines al PP, PSOE, IU, CIU y PNV. Así se aseguran que, en caso de que deban ser juzgados por corrupción, el juez correspondiente les deba el cargo.

Los políticos españoles, una vez más, trabajando por la creación de una justicia independiente.....de la Justicia.

¡Saludos!
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Vitriólico
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Re: Corruptódromo

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Andarin escribió:Me parece que procede en este hilo titulado "corruptódromo" hacer referencia a la reciente renovación del CGPJ y el reparto de puestos "a dedo" entre jueces afines al PP, PSOE, IU, CIU y PNV. Así se aseguran que, en caso de que deban ser juzgados por corrupción, el juez correspondiente les deba el cargo.
Los políticos españoles, una vez más, trabajando por la creación de una justicia independiente.....de la Justicia.
Yo no voy a defender el enterramiento de Montesquieu, por supuesto. Y los bailes de influencias políticas de nivel rastrero en las decisiones judiciales, como es habitual, me repugnan.

Pero me gustaría llamar la atención sobre "la independencia" del poder judicial. Porque, hasta tiempos muy recientes, el poder judicial ha sido un coto privado de organizaciones y poderes como el Opus o similares. Y todavía tienen una influencia tremenda (gracias a la derecha que los sigue sosteniendo). Ha sido y sigue siendo, en gran medida, un coto privado ajeno a la voluntad de la gente.

Y entonces mi pregunta es:
¿Qué preferimos, tener una casta judicial endogámica determinada por poderes no controlados democráticamente que se va replicando así misma en el tiempo o, por el contrario, jueces elegidos por representantes políticos elegidos democráticamente -aunque sea en teoría-?
Y es que las asociaciones profesionales distan muchísimo de ser imparciales -lo sé por experiencia-, como muchas veces se pretende hacer ver para justificar la pervivencia de dichos poderes .

Yo, me quedo con lo segundo, a pesar de los pesares. Aunque lo que me gustaría es que se eligiera el poder judicial como a los representantes políticos: por votación directa.
Si pretendes razonar sobre religión con un creyente piensa que, si pudiera razonar sobre ello, ... ¡no sería creyente!

"La primera vez que alguien te engaña, es culpa suya. La segunda, tuya.".
(Proverbio árabe).

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Andarin
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Re: Corruptódromo

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Pues yo preferiría funcionarios públicos técnicos independientes que han accedido a la plaza por oposición y que aplican las leyes que previamente han dictado los supuestos representantes del pueblo. La redacción de las leyes es potestad del poder legislativo, pero no la aplicación de las mismas, ni tampoco debería de ser su función la elección de los jueces.

Y para los puestos de la judicatura más altos, concurso de méritos.....

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Vitriólico
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Re: Corruptódromo

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Andarin escribió:Pues yo preferiría funcionarios públicos técnicos independientes que han accedido a la plaza por oposición y que aplican las leyes que previamente han dictado los supuestos representantes del pueblo. La redacción de las leyes es potestad del poder legislativo, pero no la aplicación de las mismas, ni tampoco debería de ser su función la elección de los jueces.

Y para los puestos de la judicatura más altos, concurso de méritos.....

¡Saludos!
Ya son funcionarios públicos. Lo que se cuestiona son cargos como el Fiscal General del Estado, los miembros del Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, etc.
Y a esos yo personalmente preferiría votarlos directamente pero, en su defecto, que los elija los representantes que la gente elija, no una asociación profesional que no ha elegido nadie.
Si pretendes razonar sobre religión con un creyente piensa que, si pudiera razonar sobre ello, ... ¡no sería creyente!

"La primera vez que alguien te engaña, es culpa suya. La segunda, tuya.".
(Proverbio árabe).

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Andarin
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Re: Corruptódromo

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Vitriólico escribió: Ya son funcionarios públicos. Lo que se cuestiona son cargos como el Fiscal General del Estado, los miembros del Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, etc.
Y a esos yo personalmente preferiría votarlos directamente pero, en su defecto, que los elija los representantes que la gente elija, no una asociación profesional que no ha elegido nadie.
Me refiero a que no es necesario que el Fiscal General de Estado, el Tribunal Constitucional, etc sean elegidos ni por los políticos ni por ninguna Asociación profesional. Ahora son funcionarios públicos pero designados, por libre disposición, es decir "a dedo", por los partidos. Cuando un puesto queda libre se organiza un concurso de méritos, al que se podría presentar cualquier funcionario que cumpliera los requisitos necesarios, consiguiendo la plaza el que demostrara mayores méritos académicos y profesionales. Previamente a la convocatoria se puede concretar que tipo de méritos son necesarios para el cargo, tiempo máximo de duración del mismo, etc. Esto se podría organizar de muchas maneras, pero me parece que los que lo pueden hacer no tienen ningún interés.

A mi parecer hay ciertos puestos que nunca se pueden dejar en manos de los políticos: los jueces a ninguna instancia y los interventores y auditores del Estado y CCAA. Tenemos sobrada experiencia de lo que ocurre en estas circunstancias: políticos corruptos en la calle y despilfarro de dinero público.
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Shé
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Re: Corruptódromo

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Así es como se va construyendo eso que llaman "el sistema democrático que nos hemos dado", y cuyas "reglas" hay que respetar.

Gentuza que financia a los partidos para que engañen a los votantes y dinero público de esos mismos votantes que vuelve con creces a esa gentuza para compensarles por la financiación. Y mientras tanto, a base de peregrinaciones, misas, mantillas y peinetas, la gente no desconfía de todos esos estafadores porque jalean a la virgen, al papa o al cristo de la infinita redención y hacen la pelota a los obispos. Y si dios les acompaña, cómo no van a ser honestos?

País!

Por mucho que la Justicia esté politizada y llena de fachas cavernarios, sigo pensando que es lo único que nos queda de cara a la esperanza: parece que lo único que puede apartar a tanto cretino del poder es una buena condena. Sobre todo ahora que parece que los indultos ya no van a salir gratis a ningún gobierno al haberse hecho público lo que antes no sabía nadie. Si además de la Justicia pudiéramos contar con un poder legislativo fuerte y honesto, muchas de las actuales leyes cambiarían para evitar que buena parte de la corrupción salga impune. Todo se andará, sobre todo si los ciudadanos aprendemos a discernir y a reivindicar.
Demoledor informe de Hacienda: el PP valenciano financió en B las campañas de 2007 y 2008

Adjudicatarias de la Genetalitat pagaron los actos de los ‘populares’ organizados por la Gürtel

ELPLURAL.COM | 15/03/2014
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Camps y Rajoy, en un mitin en Alicante (web del PP valenciano)
Hacienda avala la investigación de la Udef y concluye que el PP valenciano financió de manera ilegal las campañas de 2007 y 2008 a través de empresas adjudicatarias de la Generalitat que elaboraban facturas falsas a la trama Gürtel.

Más de 3 millones en negro a la trama Gürtel
La Agencia Tributaria ha entregado un informe al Tribunal Superior de Justicia Valenciano en el que concluye que los pagos en B de empresas constructoras, adjudicatarias de la Generalitat, a la firma de la trama Gürtel en Valencia, Orange Market, en 2007, año de elecciones autonómicas, ascendieron a 517.614 euros, y en 2008, cuando se celebraron elecciones generales, a 683.524 euros. A esto hay que sumar 2.168.500 euros que el PP valenciano abonó en B, presuntamente, a la trama, según El País.

Las empresas implicadas
Hacienda señala a las empresas Facsa, Piaf, Enrique Ortiz, Lubasa, Sedesa, Pavimentos del Sureste, Hormigones Martínez y Grupo Vallalba como las que financiaron aquellas campañas. Pagaron 1,2 millones de euros por “unos servicios que no les fueron prestados a dichas empresas sino al Partido Popular” en 2007 y 2008, según el informe de la Agencia Tributaria.

Dinero fresco del ladrillo
El escrito detalla que en la campaña de 2007 se usó dinero fresco de la construcción fruto del boom del ladrillo en la Comunidad Valenciana.

Hacienda acusa al PP valenciano de haber cometido delitos fiscales: “De los hechos comprobados en este informe se deduce que el Partido Popular colaboró con Orange Market para cometer el fraude tributario advertido, pagando parte de los servicios que recibía sin exigir la factura correspondiente ni pagar el IVA que los grava”.

Castedo, Carlos Fabra y un alcalde
El juez Ceres, que lleva la instrucción en el Tribunal de Justicia Valenciano mantiene imputada la cúpula del PP regional de aquellos años, con la excepción de Francisco Camps. Hacienda apunta a otros políticos como colaboradores necesarios, entre ellos la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, al expresidente de la Diputación de Castellón y del PP de esa provincia Carlos Fabra, y al exvicepresidente de la diputación de Castellón y alcalde La Vall d’Alba, Francisco Martínez.
El Plural, 15 de marzo 2014
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skeptic
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Re: Corruptódromo

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Claro, pero ya está prescrito. Ese es el juego que llevan, todos esos delitos prescriben a los 4 años y les basta con entorpecer las investigaciones y ya pueden hacer impunemente lo que quieran.
·

_________________________________________
"Argumentar con una persona que ha
renunciado a la lógica, es como dar
medicina a un hombre muerto".
— Thomas Paine
_________________________________________

eduardo dd
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Un experto invitado al Congreso por IU irrita a PP, PSOE y CiU con sus críticas a los partidos y su financiación

Agradece haber sido citado para denunciar en la Cámara la corrupción: "Si lo hiciera fuera me podría costar hasta 600.000 euros"
MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) - http://www.europapress.es/nacional/noti ... 52051.html

El analista económico y coautor del libro '¿Qué hacemos con la financiación de los partidos?', Miguel Ongil, ha generado este este lunes malestar en el PP, el PSOE y CiU en el Congreso por cuestionar el papel de los legisladores, por sus críticas a "cierta" clase de políticos y por denunciar los 21 "puntos negros" que, a su juicio, contiene la ley que promueve el Gobierno para el control de la financiación de los partidos.




Ongil ha sido invitado por el grupo parlamentario de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) a la Comisión Constitucional de la Cámara Baja, que este lunes ha concluido con el desfile de expertos que están planteando sus medidas anticorrupción y en pro de la regeneración democrática.

El compareciente, miembro del colectivo "Cuentas Claras", ha comenzado su intervención dando las gracias a sus señorías por haber sido citado a la mencionada comisión parlamentaria, pese a haber lamentado que sólo se haya llamado a 13 expertos, y por que se le permitiera "denunciar" la corrupción dentro del Congreso. "Si lo hiciera fuera me podría costar hasta 600.000 euros", ha llegado a decir.

Ongil, que trasladó a los diputados sus propuestas para atajar la corrupción y no los "insultos" y "palabras gruesas" que les suelen dedicar los ciudadanos, ha puesto de relieve los 21 "puntos negros" que contempla, a su juicio, la Ley de Financiación de Partidos del Gobierno.

En concreto, ha criticado que siga pudiendo donar "sin límite" bienes inmuebles, que los partidos puedan realizar operaciones de inversiones pese a tener prohibida las actividades mercantiles o que se 'venda' que se dará publicidad a las donaciones.

LEGISLAN SIENDO OBJETO DE LEGISLACIÓN

Además, cree una "tomadura de pelo" el sistema de infracciones que recoge el proyecto del Ejecutivo, que se plantee como un impulso a la transparencia que los tesoreros de los partidos tengan que rendir cuentas ante al Parlamento "y no ante sus militantes", que no se limite el endeudamiento de los partidos o que la democracia interna no esté "en ninguna parte", lo que trae consigo estructuras "clientelares".

Singularmente, el analista residente en Bruselas ha criticado que los parlamentarios legislen sobre algo sobre lo que son "objeto de legislación", como son los partidos políticos que, en su opinión, se han convertido en una especia de "cártel".

Entre sus críticas también ha mencionado la falta de participación de los ciudadanos en la vida de los partidos, las "barreras" de la LOREG a la entrada de nuevos partidos, la ausencia de sanciones por parte del Tribunal de Cuentas a las formaciones incumplidoras, la falta de independencia de éste, así como de otras instituciones de la justicia, la proliferación de indultos a corruptos o la existencia de la figura del aforamiento.

Frente a esta situación, Ongil ha subrayado que "sólo quedan las manifestaciones" y ha avisado que los ciudadanos seguirán saliendo a la calle pese a que a algunos les "multen, les "peguen" o les "criminalicen".

La intervención de este experto ha molestado tanto a PP, a PSOE como a CiU, quienes no han dudado en censurar algunas de sus afirmaciones y de sus aportaciones, que la ponente de los nacionalistas catalanes en la Comisión Constitucional, Montserrat Surroca, ha llegado a tachar de "provocativas".

A su juicio, la comparecencia de este experto ha estado cargada de "muchos tópicos" y de "algunos" aspectos que, según ha dicho, hacen más referencia a la percepción generalizada que tiene la ciudadanía la clase política y su relación con la corrupción que a los datos "reales".

LOS DIPUTADOS SÍ ESTÁN "TESTADOS" COMO REPRESENTANTES

Desde el PSOE, el diputado Ignacio Sánchez Amor ha replicado en concreto a Ongil sus críticas al papel de los legisladores. Así, ha denostado que el experto haya apuntado al Congreso como el lugar donde residen "todos los males" y que haya puesto en cuestión que los parlamentarios legislen sobre cuestiones que le afectan, en referencia a los partidos políticos.

Además, el parlamentario extremeño le ha querido dejar claro que los diputados están "testados" como representantes de la sociedad frente a quienes se creen que la representan a través de una página web.

En esta misma línea, el representante del PP, Pedro Gómez de la Serna, ha echado en cara a Ongil "la sonrisa complaciente" que ha dibujado su cara cuando ha señalado que no iba a trasladar a los diputados los "insultos" que les profieren los ciudadanos y ha apuntado que los parlamentarios están acostumbrado a "respetar" a los comparecientes en el Congreso.

En este sentido, el diputado 'popular' se ha mostrado partidario de huir de "los cazadores de brujas profesionales" que, en su opinión, sólo tratan de "incendiar" a la sociedad. Además, ha cuestionado algunas de las críticas al sistema de financiación de partidos y a la reforma que plantea el Gobierno por ser inciertas y ha admitido, con cierta sorna, tener "un poco de miedo" cuando Ongil ha hablado del "cártel de los partidos" y ha criticado que haya echado por tierra el papel legislador del Congreso.

LES RECOMIENDA SU LIBRO

Frente a todas estas críticas, el experto ha lamentado que se le haya atacado acusándole de hacer un discurso con "una retórica populista" y de haber hecho afirmaciones "falsas", y ha seguido defendiendo el sistema de "cártel de los partidos" remitiéndoles incluso a sus señorías lecturas académicas que hay en torno a esta cuestión y dejando claro que no es quiera acabar con la actual clase política sino con "cierta clase de políticos"

Y ante las dudas que algunos de los diputados han expresado respecto de sus propuestas frente a la corrupción, Ongil les ha ofrecido el libro '¿Qué hacemos con la financiación de los partidos?', del que es coautor, y en las que defiende que la financiación pública actual de las formaciones políticas es "excesiva --más de 8 euros por elector frente a los 1,67 en Francia--, excluyente --no otorga ayudas a quienes no consigan escaño--, opaca --así lo asegura el Tribunal de Cuentas-- y, además, fomenta el bipartidismo".

Tras reiterar algunas de sus medidas anticorrupción planteadas en su intervención inicial, Ongil ha advertido de que los ciudadanos no tienen intención de "esperar" a que sus políticos reaccionen ante la actual situación del país y que continuarán participando en plataformas de control ciudadano y político para tratar de cambiar las cosas.

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Shé
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Re: Corruptódromo

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Gracias Eduardo.



https://www.youtube.com/watch?v=GloKdSW2-VU

Muy interesante esta intervención.

Tiene mérito el chaval, es como un gatito reprendiendo a una manada de lobos de colmillos retorcidos en su propio cubil, y a pesar de los nervios no pierde casi el hilo y dice lo que tiene que decir.

En mi opinión, Ongil representa a quienes luchan por un futuro para cuyo alcance debemos vencer todos la inercia nefasta de falsa democracia que nos ha traído aquí. Con esta inercia se pretende mantenernos en el oscuro fondo en el que estamos enfangándolo aún más, para que los que hacen surf a pleno sol por encima de nosotros se beneficien de la corrupción y de la impunidad de los corruptos.

Mientras tantos y tantos ciudadanos supuestamente inteligentes siguen diciendo que están asqueados y no van a votar porque todos los políticos son iguales, algunos políticos han propiciado que este muchacho ponga en cuestión su propio entorno.

Que si llegan al poder serán igual que todos? Esto está, por un lado sin demostrar, y, por otro, es una excusa para no hacer nada y dejarse degollar echando la culpa a otros -que por supuesto, la tienen-. Cuando lleguen veremos, y si llegan, además, será seguramente gracias a mejores leyes y normas de regulación de los partidos por las que todos debemos trabajar.

Si estas leyes y normas mejoran impidiendo paulatinamente la impunidad, quienes las están impulsando desde fuera y desde dentro de la política hoy, serán mañana quienes lo tendrán más difícil para actuar con la caradura con la que hoy actúan quienes nos gobiernan y quienes les corrompen. Esto se llama progreso y a él podemos contribuir todos.

Sigo pensando que para muchos de nosotros hay poca esperanza, pero eso no es motivo para tirar la toalla. Los resultados de la lucha social nunca han sido inmediatos y quienes disfrutan los logros conseguidos suelen ser las generaciones venideras. Nosotros disfrutamos de lo conseguido por nuestros abuelos, pero estamos permitiendo que nuestros hijos y nietos paguen las consecuencias de nuestro apoltronamiento.

Ni siquiera estoy hablando ahora de lucha física: Seremos capaces tan solo de echar a los partidos de la derecha europea fuera del parlamento? Ese parlamento que han convertido en el gran consejo de administración de unas pocas corporaciones mundiales -europeas o no, da igual-, aunque sean los políticos a los que más se les llena la boca hablando de patriotismo: están echando a los europeos a los comederos de los buitres mientras acusan de desleales a quienes no queremos ser ni esclavos ni comida.
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JohnyFK
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Re: Corruptódromo

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Y yo me pregunto... ¿esta gente es humana? Porque para poder decir ciertas cosas y hacerse tan bien los ofendidos sin pestañear, y luego conseguir dormir bien por las noches... lo veo incompatible con la humanidad.

Lo que está claro es que su estómago tiene un aguante sobrehumano. Supongo que esa "virtud" se compensa con su absoluta falta de conciencia.

Aun así, veo demasiados arcoiris y unicornios en las propuestas de los "movimientos ciudadanos" que afloran últimamente como resaca del 15-M como para considerarlos una propuesta ganadora y factible. Pero es indispensable que existan para contrarrestar a las hienas. Si tan solo tuvieran una figura carismática de la altura de Alfonso Guerra*...

* Sin corrupción ni nepotismo, claro.
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eduardo dd
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Re: Corruptódromo

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No se cortan, ni siquiera en elecciones. Claro que esto no es novedad, si no continuismo. :sick:

Rajoy destituye al comisario que dirige las investigaciones de Gürtel y Bárcenas

El presidente dijo en julio y en referencia velada a Bárcenas que nadie le imponía policías o fiscales y eso retrasó el cese del comisario Losada, que ya le había sido comunicado

Interior informa a las nueve de la noche de la destitución y lo esconde dentro de una remodelación de la cúpula policial

http://www.eldiario.es/politica/Cesan-P ... 82215.html
El Gobierno ha cesado al máximo responsable policial en los casos de corrupción, el comisario José García Losada. El anuncio se ha producido al filo de las nueve de la noche de este jueves a través de una larga nota de prensa de Interior que informa de una amplia remodelación en la cúpula policial. De todos los cambios trasladados, el más relevante es el citado, por afectar al mando de la Comisaría General de Policía Judicial, la estructura central competente para investigar todos los delitos relevantes a excepción de los terroristas.

La destitución de Losada se produce por el malestar existente en la dirección política de la Policía, el Partido Popular, el Ministerio del Interior y el resto del Gobierno con las investigaciones de los casos Gürtel y Bárcenas. Losada es un policía curtido en la lucha contra el narcotráfico en su Galicia natal, que ya ocupó el puesto del que ha sido destituido con los Gobiernos de Aznar y que, con independencia de esa vinculación, goza de amplio predicamento en todos los sectores de la Policía por su valía profesional. El hecho de que no haya frenado los informes que señalan al PP y a algunos de sus máximos responsables le han valido el cese, según confirman desde su entorno.

Fuentes policiales informan a eldiario.es que Losada sabe que no seguiría al frente de la Policía Judicial desde el pasado julio, cuando le fue comunicada la destitución por el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, y el número dos del Cuerpo, el comisario Eugenio Pino. Fueron las palabras del presidente del Gobierno asegurando que nadie imponía al Ejecutivo fiscales ni policías lo que motivó que su destitución fuera postergada por una cuestión de apariencia, confirman las fuentes consultadas. Rajoy contestaba así a las informaciones sobre sus últimas comunicaciones con Bárcenas y el malestar de éste porque con el cambio en La Moncloa no habían llegado las destituciones deseadas en la Fiscalía Anticorrupción y la Policía.

El enfado de Ana Mato

Entre los agentes que dependían de Losada se encuentran los miembros de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). La situación del comisario comenzó a torcerse seriamente en febrero, cuando el juez del ‘caso Gürtel’ incorporó a la causa los informes de esa Unidad sobre los gastos de la familia Mato-Sepúlveda a cuenta de la trama dirigida por Francisco Correa. Los medios de comunicación accedieron a esos informes, como a otros, después de que se diera traslado a las partes personadas. Sin embargo, la ministra mostró su enfado en el seno del Gobierno por la filtración de los mismos y por haber conocido su contenido a través de los medios.




Aunque el incidente no trascendió públicamente, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, descargó cualquier responsabilidad de su departamento o la cúpula policial sobre esos informes. En declaraciones al diario ‘Abc’ dijo que los citados documentos se debían atribuir a “elementos” que trabajan en la UDEF, pero no a la unidad como tal, ya que esos policías trabajan a las órdenes directas del juez Pablo Ruz. La inmensa mayoría de los informes de la UDEF van firmados con el carnet profesional de dos policías, un inspector y un inspector jefe. Aunque los jueces instructores del ‘caso Gürtel’ han cambiado en varias ocasiones, ellos han figurado en la investigación, junto a las fiscales Anticorrupción, desde los inicios de la misma, en tiempos del Gobierno socialista.

Las presiones en la Policía fueron creciendo acorde a lo hacía el ‘caso Bárcenas’. Sin embargo, los citados policías continuaban elaborando sus informes, siempre a requerimiento del juez instructor, nunca por iniciativa propia. El resultado de uno de esos informes influyó decisivamente en la decisión de Ruz de abrir una pieza separada del ‘caso Gürtel’ por la aparición de los ‘papeles de Bárcenas’. Los policías cruzaron la ‘contabilidad b’ de la trama liderada por Correa, hallada en uno de los registros a la red, y la ‘caja b’ del PP que publicó ‘El País’. Los policías concluyeron que había al menos tres coincidencias en los dos flujos de fondos. En otro informe, los agentes de la UDEF señalaban que “19 donantes identificados” del PP habían recibido 12.000 millones de euros en adjudicaciones públicas entre 2001 y 2012.

El ático de Ignacio González, motivo del anterior cese

La destitución del comisario García Losada es la segunda al frente de la Comisaría General de Policía Judicial con este Gobierno. Su antecesor, José Enrique Rodríguez Ulla, apenas duró cinco meses en el puesto. La investigación que ordenó sobre el origen del ático que tiene en Marbella el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, motivó su cese fulminante por no haber informado de la misma a sus superiores. Como en esta ocasión, la Dirección General de la Policía aprovechó para mover varias fichas y justificar así el cambio.

El sustituto de García Losada al frente de la Policía Judicial es el comisario Sergio Sánchez Aparicio, de la máxima confianza del director adjunto operativo, Eugenio Pino. El comisario Pino está detrás del resto de cambios en la cúpula policial, que pretendía haber hecho hace meses y que hasta hoy frenó su inmediato superior, Ignacio Cosidó.

Jefe de los Antidisturbios en la época de Aznar, Pino autorizó que dos comisarios viajaran a Barcelona en plena campaña de las autonómicas catalanas para convencer a los fiscales Anticorrupción de que había que registrar de inmediato la sede de CDC en el marco del ‘caso Palau’. Aquellos dos comisarios no tenían ninguna vinculación con la investigación, a diferencia del jefe de la UDEF o del ahora destituido García Losada. Sin embargo, ninguno de estos dos últimos fue informado de la maniobra. El comisario García Losada es desde hoy jefe de la División Económica y Técnica, una estructura sin tareas operativas dedicada al funcionamiento interno de la Policía.

eduardo dd
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Re: Corruptódromo

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Perdón, la noticia anterior es de 17/10/2013 :redface:

Como penitencia actualizo:


Fernández Díaz ordena parar in extremis los cambios en la UDEF al ser publicados

La información de eldiario.es provocó que el ministro paralizara el relevo en la Brigada que investiga al PP pocas horas antes de que se produjera

Intenta descalificar la noticia a pesar de que los cambios habían sido comunicados a los afectados y decenas de mandos los conocían

Un comisario afín a la cúpula policial era el elegido para controlar a los agentes que indagan en la financiación irregular del Partido Popular

La Unidad se instala en un estado de provisionalidad y la Brigada del Banco de España queda descabezada por la maniobra de Fernández Díaz


Imagen

http://www.eldiario.es/politica/Fernand ... 25002.html
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía vive al albur de la próxima e inesperada decisión que tome el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. El político ordenó suspender ‘in extremis’ la pasada semana el relevo en la Brigada Anticorrupción, a las pocas horas de que eldiario.es anunciara que era inminente y revelara el nombre del comisario del que iba a depender el grupo que investiga los casos de corrupción que afectan al Partido Popular. La orden del ministro ha frustrado los planes de los responsables policiales y deja por el momento sin mando la Brigada de Investigación del Banco de España, una de las afectadas por los cambios planificados.

El pasado miércoles, 7 de mayo, eldiario.es informó a primera hora de la mañana del relevo del comisario jefe de la Brigada contra el Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF. José Luis Gudiña pasaría el lunes siguiente a otro puesto de menor relevancia por las investigaciones que realiza y mucha menos presión política, la Brigada de Investigación del Banco de España. El comisario de ésta última, Alfredo Cabezas, se jubilaba ese día poniendo fin a décadas de servicio en el Cuerpo Nacional de Policía.

Según la citada información, Gudiña iba a ser relevado por José Manuel García Catalán, elegido para tan relevante cargo a pesar de haber ascendido a comisario hace solo cinco meses y no tener experiencia alguna en la Policía Judicial ni en los delitos económicos. García Catalán es, sin embargo, un hombre de toda la confianza de Sánchez Aparicio, el comisario elegido por Interior para dirigir la Comisaría General de Policía Judicial tras el cese en octubre de José Losada, el tercero para ese puesto en lo que va de legislatura. Losada fue relevado por no poner freno ni informar con antelación de los informes de los casos Gürtel y Bárcenas que afectan al PP y a sus dirigentes. Con la elección de García Catalán, la cúpula policial pretendía tener más control sobre el trabajo de los policías que redactan los informes para el juez Pablo Ruz, según las citadas fuentes.

Aunque el relevo se iba a hacer oficial el lunes, Gudiña y García Catalán habían quedado el mismo 7 de mayo por la tarde para que el primero informara al segundo del día a día de la Brigada, una reunión habitual entre mandos policiales salientes y entrantes. Sin embargo, García Catalán no llegó a pisar la Brigada Anticorrupción. Las fuentes citadas aseguran que la orden partió del propio ministro, que ordenó suspender esa misma mañana, y hasta nueva orden, los cambios en la UDEF. No es la primera vez que los relevos en la Unidad son abortados por las informaciones sobre ellos y el consiguiente escándalo que producen. A finales del pasado año, el Ministerio del Interior dio marcha atrás en el cambio al frente mismo de la UDEF. El comisario Manuel Vázquez, al que se había anunciado la destitución cinco meses antes, junto a la de Losasa, iba a ser relegado a la Unidad de Delitos Telemáticos, pero una información de elconfidencial.com provocó el primer viraje de Fernández Díaz.




A pesar de todo ello, el ministro no tuvo este jueves empacho en negar la mayor durante la sesión de control al gobierno. Inclusó acusó al diputado socialista Antonio Trevín de hacer “el ridículo” por preguntar por un relevo que no se había producido y llevar a la cámara la información de “un digital” sin contrastarla antes. Ni la información hablaba de “cese”, ni afirmaba que ya se hubiera producido, al contrario de lo que aseguró en sede parlamentaria el ministro del Interior. El ministro trató de desacreditar la información cuando decenas de mandos policiales saben que en ella residió el único motivo por el que el propio Fernández Díaz decidió abortar los cambios.

La misma mañana de la noticia de eldiario.es, el Ministerio del Interior intentó convencer de que el relevo de Gudiña por García Catalán era solo una posibilidad y que aún no estaba firmado. Algunos medios trascendieron la explicación oficial, comprobaron con sus propias fuentes que el relevo estaba en marcha, y así lo publicaron en las horas siguientes.

Pendientes del ministro

Toda la cúpula policial estaba al tanto del relevo que ahora niega el ministro. Los afectados habían trasladado a su entorno y a sus compañeros cuándo y cómo se iba a producir. Ahora aguardan si el ministro levanta el veto a los cambios o busca otro comisario afín para ocupar la Brigada Anticorrupción, de la que depende el grupo que instruye los casos Gürtel y Bárcenas. La decisión de Jorge Fernández Díaz de detener unos relevos planificados por la información periodística que informaba de ellos ha causado estupefacción en amplios sectores policiales.

La estrategia de presionar a los investigadores de la corrupción en el PP controlando toda la escala de mando tiene un plan b: ante la posibilidad de que trasciendan los nombramientos de tipo político en la Policía se intenta presionar directamente a los investigadores de forma que no trascienda. A esto responden los interrogatorios realizados por la Unidad de Asuntos Internos a los policías del Grupo XXI por filtraciones que nada tienen que ver con ellos. De ese tipo de presión también informó eldiario.es. En aquella ocasión, Fernández Díaz no tuvo más que reconocer en el Congreso que los interrogatorios se habían producido.
Esta es la información anterior a la que se refiere eldiario.es...http://www.eldiario.es/politica/Interio ... 74244.html

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Shé
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Re: Corruptódromo

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Por eso cada vez hay menos prensa libre.

Lo bueno es que, aunque actúan como dictadores en el poder e intentan aprovechar al máximo la estupidez de quienes les pagamos el sueldo -y permitimos que sigan ahí-, una noticia en un periódico les ha obligado a cambiar de planes.
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Shé
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Re: Corruptódromo

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Recordaréis al personaje, supongo, y los valencianos lo tendrán presente en sus pesadillas.

Este es quien ordenó colocar un crucifijo en la mesa de las Corts donde los parlamentarios iban a jurar sus cargos.

Quien pide a las mujeres que vean una ecografía antes de abortar, y quien compara con Herodes a todo aquel que defiende la despenalización del aborto.

También es el último responsable de tapar y a silenciar el accidente del metro de Valencia con sus 43 víctimas mortales, accidente cuya investigación se reactivó gracias al programa de Évole Salvados, emitido hace un año.

La viva imagen del cacique "dios, patria y rey" al más puro estilo nazionalcatólico. También uno de los responsables de que, en las europeas, buena parte de los votantes del PP se quedaran en casa. Aún habrá que darle las gracias.
El PSPV exige la dimisión de Cotino tras relacionarle las escuchas con tramas de corrupción

Las conversaciones entre los empresarios Vicente Cotino y Enrique Ortíz le colocan como 'intermediario' con la Generalitat y la cúpula de la extinta CAM

Los socialistas consideran que Cotino no puede continuar "ni un día más" como presidente de Les Corts y consideran que debe dimitir "inmediatamente"

Compromís ha explicado que "todos los días sale a la luz algún escándalo del PP" en los que hay un "denominador comun", en referencia al presidente de Les Corts


eldiariocv 22/06/2014 - 13:41h
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El presidente de Les Corts, Juan Cotino
Siguen saliendo a la luz las conversaciones telefónicas de las investigaciones por el plan Rabassa, en Alicante, un caso en el que están involucrados la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo -entonces delegada de Urbanismo- y el constructor Enrique Ortíz, unos diálogos que relacionan distintos casos de corrupción que tienen como escenario la Comunitat Valenciana.

Ahora, las escuchas relacionarían al presidente de Les Corts, Juan Cotino, con el caso, ya que éste habría ejercido -según su sorbrino, Vicente Cotino, propietario de Sedesa- de interlocutor entre Ortíz y la Generalitat Valenciana, y según informa el diario El Mundo, Juan Cotino también sería quien habría actuado de intermediario entre los dos empresarios y los dirigentes de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).

En una de las conversaciones -de finales de 2008- Enrique Ortíz y Vicente Cotino negocian cómo beneficiarse del concurso de parques eólicos por medio de la empresa Diversia Concesiones y Servicios SL. Así, en las transcripciones Vicente Cotino le dice al constructor alicantino que su tío -Juan Cotino- le comentó que él hablaría con el entonces president de la Generalitat, Francisco Camps, porque era "un buen proyecto para la Generalitat" y lo podía "mover" por las consellerias.

Sin embargo, los dos empresarios desistieron al existir un "compromiso" de Camps para que se le adjudicara a Iberdrola, a quien finalmente se le adjudicó.

"Ni un día més"

Tras conocerse estas relaciones, la diputada autonómica del PSPV Ana Barceló ha asegurado que Juan Cotino no puede continuar "ni un día más" como presidente de Les Corts, por lo que insisten en que "debe dimitir inmediatamente", y responsabiliza a Fabra de la "degradación" de la institución que "debe quedarse al margen" de los intereses del Partido Popular.

A juicio de Barceló, "todo apunta a que Cotino, una vez más, actuaba como mediador en la sombra entre la Generalitat y algunas empresas privadas, unas sospechas que también alcanzan a la visita del Papa, cuando también medió en favor de la trama Gürtel", y apuntaba que el presidente del parlamento autonómico "sigue bajo sospechas muy graves y sin dar explicaciones".

Por ello, los socialistas creen que la cámara valenciana "no puede permitirse por más tiempo tener a un presidente bajo sospecha", así que insiste en que "no puede seguir un día más al frente de la institución que representa a todos los valencianos".

Denominador común

El portavoz de Compromís en las Corts, Enric Morera, También ha sugerido a Cotino que presente su dimisión, ya que "todos los días sale a la luz pública algún escándalo del PP o hay novedades policiales importantes sobre escándalos que ya vienen de antes, pero siempre suele haber un denominador común o una persona que siempre está por medio y es Juan Cotino".
Así, Morera ha sentenciado que el presidente de Les Corts "está implicado en todos los casos de corrupción que afectan a las instituciones valencianas y por decencia, por dignidad, por la necesaria regeneración democrática de esas instituciones que nos representan, la segunda institución más importante de nuestra autonomía no puede estar presidida por Juan Cotino y tiene que presentar inmediatamente su dimisión".

Asimismo, ha indicado que quien ha sido capaz de "perpetrar una atrocidad antidemocrática como la expulsión e inhabilitación durante un mes de una diputada, de nuestra compañera Mónica Oltra, no tiene ninguna autoridad moral ni política para hacer lo que ha hecho en las Corts después de saber lo que han publicado los medios de comunicación sobre las actividades de este señor".
El Diario, 22 de junio 2014
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eduardo dd
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Re: Corruptódromo

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A pesar de la ausencia de condenas, la justicia sigue siendo molesta. Como destrozar una democracia por intereses propios cap. CCXI

El PP aprovecha el aforamiento exprés del rey para aumentar el control político sobre la justicia

Las plazas vacantes por servicios especiales ya no saldrán a concurso, sino que podrán ser cubiertas por quien designe a dedo el politizado Consejo General del Poder Judicial, que hoy controla el PP

El PP ha colado este cambio en una enmienda a la misma ley que se utilizará para aforar al rey y que se está tramitando a toda velocidad

Esta reforma entrará en vigor en cuestión de días, sin pasar por el Consejo de Estado y sin apenas debate público

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El procedimiento de urgencia que está utilizando el Gobierno para tramitar el aforamiento del rey Juan Carlos trae nuevas sorpresas. El Partido Popular ha aprovechado la tramitación por la vía rápida de ley orgánica complementaria de racionalización del sector público –la norma donde ha incrustado el aforamiento real–, para colar sin apenas debate dos enmiendas que modifican la forma en la que se cubren las suplencias en los juzgados cuando el juez titular de la plaza se va temporalmente a otro destino.

Las enmiendas del PP, que fueron aprobadas el pasado jueves, ya van camino del Senado y podrían entrar en vigor en cuestión de días. En la práctica, aumentarán el control del Gobierno sobre la justicia ya que indirectamente permitirán al poder político cubrir estas vacantes con jueces elegidos a dedo por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). De este modo, el Gobierno contará con un nuevo mecanismo para controlar los juzgados más sensibles, como el Tribunal Supremo o la Audiencia Nacional.

Las dos enmiendas cambiarán el procedimiento para sustituir a los magistrados en comisión de servicios especiales: aquellos que, temporalmente van a un destino que no supone perder su plaza –por ejemplo, cuando son nombrados vocales del CGPJ o miembros del Tribunal Constitucional–. Hasta hace unos meses, estas sustituciones se regulaban con el artículo 118 de la ley orgánica del Poder Judicial. Las bajas de este tipo se cubrían normalmente como cualquier otra, según el sistema de puntos de la carrera judicial. La sustitución temporal salía a concurso abierto: todos los jueces podían optar a esa plaza hasta la vuelta de su titular y ganaba quien más puntos tuviese. El poder político no tenía apenas margen para actuar.

En diciembre de 2013, el artículo 118 –junto con otros tantos de la misma ley– fue derogado por una reforma del Gobierno con la que Mariano Rajoy se garantizó un Poder Judicial aún más controlado por el PP. Y ahora, sin debate, sin pasar por el Consejo de Estado y por la puerta de atrás, dos enmiendas cubren este hueco para aumentar todavía más la influencia del poder político sobre la justicia.

Con la enmiendas que ha presentado el PP, y que ya están aprobadas por la mayoría conservadora en el Congreso, el sistema para cubrir esas plazas en la práctica cambiará. El Consejo General del Poder Judicial podrá decidir quién se queda con estos puestos de forma discrecional: por medio de una comisión de servicios. Será el CGPJ –un órgano dependiente del poder político y donde los magistrados elegidos por el PP son mayoría– quien podrá nombrar al juez que prefiera en cualquiera de estos juzgados, sin necesidad de sacar la plaza a concurso y sin que haya que tener en cuenta la experiencia o los méritos previos de cada candidato.

Según asegura a eldiario.es Joaquím Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, esta cambio es "una iniciativa legal muy criticable por razones de forma y de fondo, al haberse introducido fuera de los cauces ordinarios y al suponer la posibilidad de que el órgano de gobierno de los jueces, con evidentes conexiones con el poder político, pueda designar magistrados sin realizar el correspondiente concurso".

Desde el Ministerio de Justicia, por su parte, afirman que la reforma es una cuestión menor. "No hay novedad alguna", afirma un portavoz del ministerio. "El nuevo artículo recoge con mayor claridad los mecanismos de sustitución y cobertura de este tipo de plazas que ya se venían utilizando en la práctica. La cobertura por concurso de las plazas del 118 siempre ha sido una opción". Desde el Ministerio, argumentan también que el nuevo artículo "tan solo incorpora algunas mejoras técnicas" para evitar que la cobertura de estas vacantes por concurso "genere, en ocasiones, situaciones problemáticas"; cuando un juez accede a una de estas plazas y luego regresa el titular, el suplente queda asignado al mismo juzgado, lo que puede provocar, según el ministerio, "un problema de sobre-plantilla".

Sin embargo, otras fuentes jurídicas aseguran que el cambio sí tendrá serias consecuencias porque convertirá en norma lo que hasta ahora era la excepción, según la práctica extendida tanto en la carrera judicial como en el caso de los fiscales. No será la primera vez que se utilice una comisión de servicios para sustituir a un juez; ya pasó, por ejemplo, con la sustitución de Baltasar Garzón o con la de Grande Marlaska en la Audiencia Nacional; unos nombramientos por comisión de servicios tan puntuales como polémicos y que, según fuentes jurídicas, podrían incluso haber sido anulados si hubiesen sido recurridos porque incumplían el artículo 118. Pero si prospera esta reforma, el CGPJ lo tendrá aún más fácil para utilizar este sistema porque no será siquiera necesario argumentar por qué una plaza de un magistrado en servicios especiales se cubre sin necesidad de concurso.

La reforma por la vía de enmienda de este mecanismo ha creado polémica dentro de la carrera judicial. En varios foros privados de jueces en Internet hace varios días que se discute sobre esta reforma, que muchos ven como un golpe más a la separación de poderes. "El Gobierno aprovecha el aforamiento de la familia real para, de forma torticera, a través de una enmienda y sin dictamen del Consejo de Estado introducir un mecanismo para nombrar jueces 'ad hoc' en tribunales tan importantes como el Supremo o la Audiencia Nacional", asegura un magistrado que prefiere mantener el anonimato.

DOCUMENTO: Las enmiendas aprobadas en el Congreso http://www.eldiario.es/escolar/PP-aprov ... 32378.html

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skeptic
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¿Cuál es la misteriosa tablet de 1446€?

Miro en Amazon y la más cara parece esta:
Apple Ipad3 32Gb Wi-Fi + 4G White, MD370KN/A

Precio: 882,70€

¿Será de platino? ¿llevará diamantes? ¿Será que en vez de hacerles descuento por comprar 817 unidades les hacen aumento?

No se me ocurre nada más, porque no creo que estén facturando de más para luego repartirse el dinero, eso no estaría bien ¿verdad?

Bueno, ya me gustaría ver la factura, seguro que ahora que todo es tan transparente, se podrá consultar el concurso público, ver quién es el proveedor y mirar cual es esa tablet tan super ultra potente que cuesta 564€ más que el iPad más caro.

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"Argumentar con una persona que ha
renunciado a la lógica, es como dar
medicina a un hombre muerto".
— Thomas Paine
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